Miguel de la Madrid Hurtado

Las sorpresas de ser presidente

El periodo presidencial que abarca de 1982 a 1988 estuvo a cargo de Miguel de la Madrid Hurtado, quien fue el primero en aplicar medidas neoliberales en su gobierno y ponerle fin al Estado de Bienestar mexicano. Es vital destacar que de la Madrid fue sucesor de uno de los sexenios más desastrosos para la economía nacional, que corrió a manos de José López Portillo. Este le herdedo un severo contexto de crisis económica, así como una banca recién nacionalizada que traía problemas que debido a la situación no podían ser solucionados de inmediato; en pocas palabras le dejo la economía hecha pedazos.

     La crisis a la que se tuvo que enfrentar el presidente Hurtado abarcaba: crisis agrícola, desarticulación industrial, déficit de la balanza de pagos, déficit fiscal, desigual distribución del ingreso, etcétera; y también, tuvo que hacer frente a la recesión económica de 1982 (con una disminución del PIB del -0.2%), excesivo índice inflacionario (del 100%), incremento de precios y tarifas del sector público, elevado déficit de la balanza comercial no petrolera y una creciente deuda pública. Resumidamente el presidente había heredado un país insostenible (Salazar, 1998).

     Como si no fuera suficiente, el presidente tuvo que enfrentarse además a las diversas condiciones internacionales, como el alza en las tasas de interés (ante una deuda total de 80,000 millones de dólares), reducción de nuevos créditos de las instituciones financieras internacionales, la caída de los precios mundiales del petróleo, etc.

     Ante esta situación el gobierno instauro una estrategia para frenar la crisis que azotaba al país. Esta se vio plasmada en un programa de diez puntos para el corto plazo conocido como Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), complementado con la estrategia a mediano y largo plazo plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1983- 1988 (PND) que buscó mediante la política del cambio estructural, que el crecimiento económico a mediano plazo, no generara ni agudizara los desequilibrios que condujeron a la crisis de 1982 (De la Madrid, 1986).

La aplicación del PIRE, se convirtió en una rápida disminución del déficit público, pero provocó una intensa convulsión en varias actividades productivas, lo que agudizó la recesión económica, así como el número de desempleados. El problema de la deuda externa se transformó en uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico en el sexenio. La aplicación de topes salariales al extenderse indefinidamente, afectó a los sectores más desprotegidos.

      En 1986, y ante una impresionante caída del precio internacional del petróleo, el gobierno dejó de percibir más de 8,000 millones de dólares, lo que repercutió en la estructura económica nacional: se incrementó el déficit público y la deuda pública interna; aumentó el circulante como mecanismo inflacionario de financiamiento; la inflación alcanzó los tres dígitos (105%); se contrajo la actividad económica (el PIB cayó a -4%); se redujo el gasto público pero no el servicio de la deuda; el gobierno exigió mayor responsabilidad a los acreedores internacionales; se propuso y discutió el “plan azteca”, etcétera. De igual forma, el gobierno mexicano decidió incorporarse al Acuerdo General sobre Aranceles Y Comercio (GATT)  que representó el parteaguas en la liberalización comercial y luego financiera.

En junio de ese año se anunció, en compañía del Secretario de la SPP, Carlos Salinas de Gortari, el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) que propuso la revitalización de la economía y la obtención de “dinero fresco” para reactivar el crecimiento y controlar la inflación. Con la firma del nuevo acuerdo con el FMI (23 de julio) y bajo la óptica de “crecer para pagar”, México obtuvo por fin, después de diez meses de abstinencia obligada, un nuevo crédito de más de 7,000 millones de dólares, que en palabras del gobierno, posibilitarían la correcta aplicación del PAC.

Desafortunadamente de nueva cuenta fracasaron los intentos del gobierno para reordenar la economía. Los resultados del PAC fueron en extremo dramáticos: en 1987, se produjo una caída del PIB al registrar un índice negativo del -3.4%, mientras que la inflación superó la barrera de tres dígitos (167%) (Rivera, 1997).

Ante situación tan crítica, el gobierno respondió con uno de los programas que rompería la ortodoxia de la política económica de corte neoliberal aplicada hasta entonces. Nos referimos al Pacto de Solidaridad Económica (PASE), firmado en diciembre de 1987 y cuyo principal objetivo fue disminuir la espiral inflacionaria a través de los acuerdos entre gobierno, empresarios y sectores asalariados: el primero como árbitro; los segundos, comprometidos a no aumentar artificialmente los precios; los terceros, obligados a no demandar cualquier aumento salarial por arriba de lo pactado. Para frenar la inflación, se establecieron mecanismos de seguimiento de los aumentos de los precios de los productos de consumo suntuario y de los salarios.

     Tal como se pudo ver, Miguel de la Madrid, heredo un país en un estado crítico y una economía totalmente devastada, razones por las cuales se vio frenado y no se pudo aplicar en sus totalidad el modelo neoliberal, aunque este se seguía presentando como la solución a la gran crisis económica que azotaba al país, pero que por las circunstancias que este mismo vivía, no podía aplicarse de manera correcta. 

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